Dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, mientras su amigo Jorge Amílcar Olán Aparicio dejó el inmueble de lujo que rentaba en Lugano, Suiza. La revisión estadounidense no equivale, hasta ahora, a una investigación formal ni se ha informado de órdenes de aprehensión contra ambos en México.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio a López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a Olán Aparicio, empresario señalado por presuntos vínculos comerciales y de amistad con integrantes del entorno familiar del exmandatario. Los señalamientos se relacionan con posibles redes de contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal, y con contratos obtenidos durante gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Revisión en Estados Unidos
La revisión de las autoridades estadounidenses se centra en acusaciones sobre posibles nexos de López Beltrán con organizaciones delictivas y operaciones de contrabando de combustible. La información disponible indica que no se ha iniciado una investigación formal y que el político habría buscado contacto con autoridades de Estados Unidos mediante intermediarios, sin que se hayan concretado conversaciones oficiales.
López Beltrán ha rechazado los señalamientos y calificó como política la decisión de retirarle la visa estadounidense. También cuestionó al presidente Donald Trump y señaló al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau por considerar que la medida buscaba intimidarlo a él y a Morena.
Olán deja una propiedad en Suiza
En paralelo, el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio fue localizado en un departamento de lujo en Lugano, Suiza. Posteriormente abandonó la propiedad, que quedó disponible para renta por 15 mil francos suizos mensuales, un monto equivalente a más de 300 mil pesos mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las fiscalías deben abrir una carpeta de investigación contra cualquier persona si existen elementos suficientes. También sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República actuar conforme a sus atribuciones y solicitar ante un juez las medidas que procedan cuando la investigación lo justifique.
Sin órdenes de aprehensión reportadas
La Fiscalía General de la República negó que existan órdenes de aprehensión contra López Beltrán u Olán Aparicio por su presunta participación en un esquema de delincuencia organizada y un fraude relacionado con el huachicol fiscal.
El nombre de Olán Aparicio también ha aparecido en reportes sobre contratos con dependencias y gobiernos vinculados con la administración federal anterior. Entre los casos mencionados se encuentran operaciones relacionadas con el suministro de balasto para el Tren Maya, contratos de servicios y recursos destinados al sector salud; sin embargo, esos señalamientos no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.
Por ahora, el expediente público permanece en el terreno de los señalamientos y las revisiones preliminares. La eventual apertura de investigaciones formales, la presentación de acusaciones y cualquier orden judicial dependerán de los elementos que obtengan las autoridades competentes.

