La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La propuesta obtuvo 20 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como seis en contra del PRI, PAN y MC, y fue turnada al pleno para continuar con el proceso legislativo.
Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados señalaron que la reforma busca modernizar y homologar los catastros y registros públicos de la propiedad en todo el país. También plantearon que la interoperabilidad de los sistemas puede brindar mayor certeza jurídica sobre el patrimonio y reducir espacios para fraudes, despojos y actos de corrupción.
Propuesta de modernización nacional
El proyecto contempla la creación de una Plataforma Nacional Catastral, una Plataforma Nacional de Registros Públicos y una Clave Única Catastral para cada inmueble. La intención es coordinar a la Federación, los estados y los municipios, además de facilitar el intercambio de información entre las autoridades responsables.
Durante el debate se sostuvo que la iniciativa atiende un rezago legislativo de más de 13 años y que permitiría reducir la brecha digital entre administraciones con distintos niveles de capacidad técnica. Sus promotores afirmaron que la homologación no pretende eliminar las facultades de las entidades federativas ni de los municipios.
Oposición advierte por el impuesto predial
Las bancadas de oposición expresaron su preocupación por el posible impacto fiscal de la reforma y advirtieron sobre la llegada de “predialazos”. Su argumento es que la actualización de los valores catastrales podría elevar el impuesto predial de inmuebles que fueron registrados originalmente como terrenos o construcciones menores, pero que con el tiempo aumentaron su superficie edificada.
También señalaron que la aplicación de nuevas obligaciones tecnológicas y administrativas podría generar costos adicionales para los ayuntamientos. En ese sentido, cuestionaron que la Federación impulse la modernización sin definir con claridad los recursos que recibirían los gobiernos locales para operar sistemas, contratar personal y actualizar sus registros.
El dictamen será analizado por el pleno de la Cámara de Diputados. Hasta el momento, el debate se mantiene centrado en cómo modernizar la información catastral y registral sin afectar la economía de las familias ni la autonomía financiera de los municipios.