El Gobierno de Baja California ordenó revisar si las empresas sancionadas el 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos han tenido contratos con la administración estatal. La medida busca que, en caso de detectar coincidencias, los expedientes sean enviados a las autoridades responsables de determinar las acciones conforme a la ley.
La revisión fue anunciada después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas, según sus señalamientos, con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa. Entre las personas incluidas se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
La administración estatal informó que la gobernadora no forma parte de la lista de personas sancionadas por la OFAC. También precisó que Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres están legalmente divorciados y que el vínculo que mantienen actualmente está relacionado con el bienestar de sus hijos.
De acuerdo con el posicionamiento estatal, la mandataria no tiene cuentas bancarias ni propiedades inmobiliarias en el extranjero y sus bienes están declarados ante las autoridades mexicanas. Estas afirmaciones fueron incluidas por el Gobierno de Baja California al fijar su postura sobre las sanciones anunciadas por Estados Unidos.
Oficialía Mayor encabezará la revisión
La Oficialía Mayor será la encargada de verificar los antecedentes de contratación de las empresas mencionadas en la información de la OFAC. Si encuentra expedientes relacionados, deberá remitirlos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para el análisis y las actuaciones que correspondan.
La revisión se realizará a partir de la información difundida por las autoridades estadounidenses y tendrá como objetivo determinar si existieron vínculos contractuales con el Gobierno de Baja California. La administración estatal no informó por ahora cuántos contratos podrían estar involucrados ni precisó si ya identificó empresas relacionadas con sus registros.
El Gobierno estatal añadió que las personas incluidas en la información de la OFAC deberán atender directamente cualquier asunto relacionado con su situación ante las autoridades competentes. Asimismo, señaló que serán esas instancias las responsables de informar sobre el avance de las investigaciones y las posibles acciones legales.