La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó haber negado atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante la protesta del 24 de septiembre en sus instalaciones de la Ciudad de México, y afirmó que su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, mantiene disposición para dialogar con las familias.
La postura del organismo se difundió a dos días de cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes y después de que familiares y normalistas realizaron un mitin frente a la sede de la CNDH para exigir una reunión con su titular y cuestionar la Recomendación 208VG/2026.
La CNDH sostuvo que Rosario Piedra tuvo disposición para escuchar a las familias, responder sus demandas y mantener abierto el diálogo. Sin embargo, durante la protesta del 24 de septiembre, familiares señalaron que no fueron recibidos por la presidenta del organismo, una versión también reportada por medios que cubrieron la manifestación.
La CNDH señala que la recomendación no ha sido aceptada
El organismo informó que, a más de dos meses de emitir la Recomendación 208VG/2026, no ha recibido la aceptación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa ni de la Fiscalía General de la República.
La recomendación fue emitida el 9 de julio y, de acuerdo con la CNDH, se elaboró a partir de una investigación iniciada tras una solicitud de las víctimas. El organismo afirmó que el documento busca proteger los derechos de las familias de los estudiantes desaparecidos y de los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
La comisión defendió que sus conclusiones están sustentadas en información y respuestas de autoridades señaladas como participantes o probables responsables. También aclaró que sus facultades se limitan a emitir recomendaciones, aportar elementos y proponer líneas de investigación, sin sustituir las funciones del Ministerio Público o de los tribunales.
La CNDH afirmó que mantiene su solidaridad con las madres, padres y sobrevivientes, y llamó a las autoridades a profundizar las investigaciones para alcanzar verdad y justicia.
La controversia ocurre en el marco de las movilizaciones por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. Las familias mantienen como principales exigencias el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades involucradas.