El gobierno de Estados Unidos revocó o restringió las visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusó de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de socavar a gobiernos elegidos democráticamente. La medida fue anunciada este lunes 28 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado.
Entre los afectados se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, además de fiscales, jueces y magistrados de ese país. También fueron incluidos un empresario y una legisladora de Colombia, dos funcionarios de Ecuador y un magistrado peruano.
La acusación del gobierno estadounidense
Washington sostuvo que las restricciones buscan cumplir compromisos para defender la gobernanza democrática en el continente frente a la corrupción y el narcotráfico. La administración estadounidense afirmó que socavar a un gobierno elegido democráticamente representa una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas.
En el caso de Mariaca, Estados Unidos lo acusó de abusar de su cargo para solicitar y aceptar sobornos que habrían facilitado actividades relacionadas con el narcotráfico, así como de ayudar a personas vinculadas con delitos violentos a evadir la justicia. Las acusaciones corresponden a la postura oficial estadounidense y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial.
Alcance de las restricciones
De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, 12 de los funcionarios bolivianos señalados tenían visas vigentes que fueron canceladas, mientras que otras nueve personas quedaron sujetas a la negativa de futuras solicitudes. Las medidas también alcanzan a familiares directos de algunos de los sancionados.
La decisión se presentó como parte del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades del crimen organizado. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman parte de los países vinculados a este mecanismo de cooperación.
La revocación de visas impide el ingreso a Estados Unidos con esos documentos, aunque no equivale automáticamente a una condena penal en los países de origen. El Departamento de Estado no difundió públicamente todos los nombres incluidos en la medida.