El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió el 29 de septiembre de 2026 que la Fiscalía General de la República investigue los señalamientos relacionados con una red de narcocorrupción en Baja California, luego de que Estados Unidos sancionara a 21 personas y 25 empresas vinculadas con estructuras del Cártel de Sinaloa.
Entre las personas incluidas en las sanciones estadounidenses están Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila; su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas y exasesor legislativo.
Moreno sostuvo que se trata de acusaciones graves que deben ser revisadas por las autoridades mexicanas. También afirmó que deben investigarse todos los nombres, vínculos y movimientos financieros relacionados con el caso.
“Los mexicanos merecen saber hasta dónde llega esta red y quiénes desde el poder pudieron haberla protegido”, afirmó el dirigente priista.
Señalamientos de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las sanciones alcanzan a integrantes y facilitadores de una estructura atribuida a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. La dependencia colocó a Carlos y Luis Torres Torres en el centro de lo que describió como una trama de narcocorrupción en Baja California.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de intervenciones gubernamentales y de las fuerzas del orden en el estado. Estos señalamientos forman parte de la justificación de las sanciones anunciadas el 29 de septiembre.
La petición de Moreno ocurre en medio de la presión pública para que las autoridades mexicanas determinen si existen responsabilidades penales, administrativas o financieras relacionadas con las personas y empresas mencionadas en la medida estadounidense.