La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó varias disposiciones de la reforma electoral estatal relacionadas con la intervención del crimen organizado en los comicios.
El fallo, emitido el martes 29 de septiembre de 2026, dejó sin efecto sanciones como la pérdida del registro o la cancelación de candidaturas cuando existieran infracciones vinculadas con violencia, amenazas, financiamiento, presión o influencia indebida de grupos delictivos.
Campos sostuvo que la reforma había sido impulsada para evitar que la delincuencia organizada interviniera en la definición de candidaturas o en los resultados electorales. También acusó a Morena de haber votado en contra de las modificaciones en el Congreso de Chihuahua y de promover posteriormente acciones legales contra ellas.
La mandataria afirmó que la Corte retiró de la legislación los elementos que, a su juicio, permitían blindar las elecciones frente al financiamiento ilícito, las amenazas y la manipulación de procesos electorales. Sus declaraciones forman parte de una crítica política al alcance de la resolución y no constituyen una determinación judicial sobre responsabilidades de partidos o personas.
De acuerdo con la resolución reportada sobre las acciones de inconstitucionalidad, las ministras y los ministros consideraron que algunas sanciones no permitían individualizar la responsabilidad ni aplicar castigos proporcionales a la conducta acreditada. También señalaron que no podía atribuirse responsabilidad administrativa a una candidatura únicamente por haber obtenido un beneficio derivado de actos cometidos por terceros.
Además, la SCJN determinó que el Congreso local fue omiso en la regulación de algunas causales de nulidad relacionadas con el nepotismo y la injerencia extranjera. El Poder Legislativo estatal deberá realizar adecuaciones, aunque parte de esos cambios ya no aplicaría al proceso electoral que inicia el 1 de octubre de 2026.
La gobernadora declaró que su administración acatará el fallo, pero rechazó que Chihuahua deba renunciar a establecer mecanismos contra la intervención criminal en la política. Campos también destacó el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel respecto de la invalidez de algunas disposiciones.
La resolución abrió un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno estatal y Morena, en el contexto de la preparación de las elecciones de 2027. El Congreso de Chihuahua tendrá que revisar el marco electoral conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte.