La directora del Hospital General del ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, Alba Priscila Sauceda López, fue multada por el Juez Decimocuarto de Distrito en Sonora, Alonso Robles Cuétara, tras determinarse el incumplimiento de una orden judicial relacionada con la atención de un derechohabiente que requiere una cirugía cardíaca especializada.
El caso corresponde al juicio de amparo 1460/2026, promovido por José Luis Olea Ríos, quien solicitó protección judicial ante la falta de atención oportuna para someterse a un procedimiento de implante de válvula aórtica mediante la técnica TAVI/TAVR.
El 14 de agosto, el tribunal requirió a la directora informar sobre la aprobación y garantía de los gastos necesarios para trasladar al paciente desde Hermosillo hasta Culiacán, Sinaloa, además de asegurar su estancia y atención médica en el Hospital “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”.
Sin embargo, el juzgado determinó que las instrucciones no fueron atendidas en los términos establecidos y, en un acuerdo del 20 de agosto, señaló que existió un “claro incumplimiento” de la suspensión concedida en favor del paciente. La multa fue impuesta con fundamento en la Ley de Amparo.
El juicio fue presentado el 10 de agosto y, al día siguiente, el tribunal concedió la suspensión provisional para que las autoridades realizaran las acciones necesarias para garantizar el procedimiento médico. Posteriormente, el ISSSTE informó que la cirugía había sido programada inicialmente para el 11 de septiembre.
No obstante, las autoridades hospitalarias no acreditaron oportunamente cómo cubrirían el traslado y la estancia del paciente. El 2 de septiembre informaron que el ISSSTE se haría cargo del traslado mediante una ambulancia.
La cirugía fue reprogramada para el 8 de octubre, por lo que el tribunal volvió a requerir a las autoridades del hospital para que precisaran la forma en que serían cubiertos los gastos de traslado del derechohabiente.
El caso también ha sido señalado como ejemplo de la importancia del juicio de amparo para exigir la atención médica cuando existen retrasos o incumplimientos por parte de las instituciones de salud.